A efectos económicos y fiscales, el proceso extraordinario de regulación de inmigrantes iniciado por el gobierno en abril del 2026 ha sido un éxito. Ha aumentado la cantidad de trabajadores afiliados a la Seguridad Social, lo que supone un impulso para el sostenimiento del sistema público de pensiones y el mantenimiento de la sanidad pública; y permite que muchos trabajadores, que ya estaban en el país, puedan beneficiarse de los derechos que les corresponden.
El periódico El Mundo recoge el dato de que en este proceso especial, que se inició el 16 de abril y concluyó el 30 de junio, se presentaron un total de 1.174.178 solicitudes. Más de un millón de trabajadores migrantes que residían en ese momento en nuestro país, pero que aún no tenían su situación regularizada. A comienzos de agosto, tan solo se había podido resolver un 70% de las solicitudes, unos 822.000 expedientes. A pesar de ello, la medida ya está teniendo efectos positivos en la economía. Se crean más empleos y a nivel general, disminuye el paro.
En los meses de verano, 6 de cada 10 empleos nuevos que se han creado los han ocupado inmigrantes. No porque sean objeto de una discriminación positiva, que perjudique a los trabajadores nativos españoles; sino porque sectores como el turismo, en especial la hostelería, la agricultura y la construcción, han impulsado la creación de empleo. Sectores económicos donde la cantidad de trabajadores españoles es insuficiente para cubrir la oferta de trabajo.
Esta medida extraordinaria choca con la posición de algunos países europeos que proponen restringir la entrada de trabajadores extranjeros en el territorio de la UE. Aparte de los condicionantes ideológicos y políticos, en los que no queremos entrar, hay una diferencia de base. Gran parte de Europa está con la economía estancada, crece a un ritmo bajísimo, mientras España está creciendo a un ritmo de un 2,7% interanual, según datos de la Cámara de Comercio. Necesitamos el aporte de los trabajadores inmigrantes para continuar creciendo.
El proceso de regulación extraordinaria.
En nuestra cabeza aún está fresca la imagen de las interminables colas de trabajadores migrantes intentando presentar su solicitud a las puertas de las oficinas de extranjería y de la Seguridad Social. En muchas ciudades españolas se crearon espacios especiales para reducir las aglomeraciones, como 317 oficinas de correos en todo el país que se dedicaron principalmente a recoger documentación, o algunos pabellones de la Fira de Barcelona que se habilitaron para la ocasión, como sucedió con la campaña de vacunación del covid-19.
El requisito principal que exigía el gobierno, según la página web oficial de La Moncloa, es que la persona solicitante estuviera residiendo en nuestro país antes del 1 de enero del 2026. Para ello debía demostrarlo con los documentos que tuviera a su alcance. Como el sello de entrada del pasaporte, el billete de viaje, etc. Así como la documentación que acreditara que ha residido en nuestro país durante al menos 5 meses seguidos: recibos de compras o suministros, citas médicas, etc.
Otro criterio que se ha tenido en cuenta ha sido que la persona solicitante careciera de antecedentes penales, tanto en España como en su país de procedencia.
La regulación especial no es un salvoconducto indefinido. En caso de que sea aprobada, la autorización solo da derecho a permanecer en España durante un año para poder residir en el país y encontrar trabajo. Con un contrato de trabajo en mano, puede prorrogar su estancia durante 4 años más, obteniendo un permiso de trabajo.
De todas las solicitudes presentadas, algo más de un 80% se encuadran dentro del Régimen General de la Seguridad Social, como trabajadores por cuenta ajena, y menos de un 5% se incluyen dentro del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
Suben las altas a la Seguridad Social y también el paro.
Como efecto inmediato de la regularización, en lo que se refiere a los trabajadores inmigrantes, la cantidad de personas que se han inscrito como nuevos afiliados a la seguridad social se ha disparado, pero también el paro, que en este sector ha aumentado en casi 31.000 personas.
Visto en términos relativos, es un dato poco significativo. De más de un millón de solicitudes de regularización, hay solo 31.000 personas que están paradas en este momento. Por otro lado, no son nuevos parados, ya existían, solo que ahora es un dato oficial.
La gran mayoría de los inmigrantes irregulares que llegan, entran en el país sin un contrato de trabajo. Solo con la ilusión de mejorar sus condiciones de vida. Por lo que es normal que un porcentaje se encuentre en búsqueda de empleo. Igual que sucede con un joven que ha acabado o ha dejado los estudios y se incorpora al mercado de trabajo.
Este es un dato objetivo, no tiene que ser para nada alarmante. Es cuestión de tiempo que se estabilice. Si el gobierno ha emprendido un proceso de este tipo, no es solo por un asunto de sensibilidad, sino porque la economía española necesita más mano de obra.
Una conclusión importante que debemos sacar de este proceso de regularización extraordinaria es que permite objetivizar la situación. Saca a la luz una realidad que estaba oculta. Y sobre todo es un duro golpe contra la economía sumergida, que se alimenta, en gran medida, de los inmigrantes no regularizados. En campañas agrícolas especiales, por poner un ejemplo, como las de recolección, algunos empresarios recurren a trabajadores inmigrantes en situación irregular para eludir responsabilidades laborales.
Ideas falsas respecto al proceso de regularización.
En un ambiente tan crispado en el terreno político, como el que estamos viviendo en estos momentos en España, el proceso de regularización extraordinaria ha sido una medida controvertida. A mi parecer, se han vertido una gran cantidad de climas de opinión que son falsos y no tienen fundamento.
La primera idea que hay que despejar es la de que el proceso de regularización tiene un efecto llamada. Que al tramitar la solicitud de más de un millón de personas, que ya vivían en nuestro país, España se va a llenar de inmigrantes procedentes de otras partes del mundo. La realidad es que la inmigración se regula por sí sola. Los trabajadores inmigrantes se dirigen a aquellos países, regiones y ciudades donde saben que van a encontrar trabajo. El periódico El Comercio nos lo recuerda. Después de la crisis económica del 2008, entre el 2010 y el 2015, más de un millón de inmigrantes salieron de España ante la falta de oportunidades laborales. De ellos, 637.000 fueron latinoamericanos, de los que 223.189 eran de El Ecuador, una de las comunidades más numerosas de inmigrantes en España a principios del siglo XXI. Hoy hay más inmigrantes colombianos y venezolanos en nuestro país que ecuatorianos, cuando en el 2008 eran muchos menos.
La segunda idea es que con la regularización de inmigrantes va a aumentar la inseguridad ciudadana y la delincuencia. Desde luego, si esto se produce, que está por ver, no es por los inmigrantes, que, como estamos viendo, para tener regularizada su situación, deben carecer de antecedentes penales.
Por otro lado, hay que señalar que ni las posiciones virulentamente opuestas al proceso de regularización van a expulsar a los inmigrantes irregulares de España. Como ya hemos indicado, sectores como la construcción, la hostelería, la agricultura, el comercio, el transporte, algunas ramas de la industria, el servicio doméstico y un largo etcétera necesitan a los inmigrantes. Toda esta crispación, probablemente, busca enfrentar a los trabajadores españoles con los extranjeros, para empeorar las condiciones de vida y de trabajo de los dos.
Una larga historia de regulaciones de inmigrantes.
La página web de Verifica de RTVE recuerda que se llevan produciendo procesos extraordinarios de regularización de inmigrantes desde 1986, impulsados por gobiernos de diferente signo político.
La primera regularización especial la impulsó el gobierno de Felipe González en 1986. Benefició a 38.180 personas. Desde luego, en ese momento, el fenómeno de la inmigración no tenía el peso que tiene hoy en día. Para esta convocatoria se tramitaron 43.815 solicitudes.
Los gobiernos de González dirigieron otra campaña de regularización en 1991 y aprobaron un proceso extraordinario en 1996 que lo llevó a cabo el gobierno entrante de José María Aznar, con otro signo político, y que perfectamente podría haberla anulado.
Entre los años 2000 y 2001, los gobiernos del Partido Popular impulsaron varios procesos de regularización en los que legalizaron la presencia de más de 503.000 inmigrantes en nuestro país en dos años. En esa época se había creado un movimiento en toda España que reclamaba “Papeles para todos” y en el que no solo estaban involucrados colectivos de inmigrantes, sino que apoyaban la reivindicación sindicatos y hasta asociaciones religiosas.
El proceso de normalización más amplio que se ha realizado hasta la fecha, excluyendo el último, lo impulsó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y concedió la residencia legal a 576.506 personas. A pesar de su amplitud, fue uno de los procesos que exigía unas condiciones más estrictas. Para beneficiarse de la medida, los solicitantes debían tener con anterioridad una autorización de residencia y trabajo, y conseguir un contrato de trabajo firmado por un empresario.
Algunos de los trámites más habituales.
Fuera del marco de estas campañas especiales, la normalización de los inmigrantes es una práctica habitual. Los gestores de Mi Asesoría de Extranjería, una asesoría de Las Palmas de Gran Canaria que, además de tramitar las gestiones, acompaña a los solicitantes en todo el proceso, nos cuentan que los arraigos y las solicitudes de nacionalidad se encuentran entre los trámites más realizados.
Los arraigos son permisos de trabajo y de residencia que se tramitan por circunstancias particulares. Entre estos arraigos tenemos el arraigo de segunda oportunidad, el arraigo sociolaboral, el arraigo socioformativo y el arraigo social.
El arraigo de segunda oportunidad atañe a personas que ya tuvieron un permiso de residencia en España, pero que al solicitar la renovación, esta no se produjo. Se puede tramitar en un plazo de dos años desde que caducó el permiso anterior y se debe acreditar que se han resuelto los problemas de forma o los requisitos que motivaron la denegación en su día.
El arraigo sociolaboral son unas condiciones específicas que permiten al inmigrante solicitar un permiso de trabajo porque tiene una oferta o un contrato de trabajo o porque tiene un proyecto viable para poner en marcha un negocio por cuenta propia, en el que necesita darse de alta como autónomo. Los expertos en derecho de extranjería insisten en que este arraigo no es efectivo al 100%. Las autoridades evalúan las condiciones de la oferta de trabajo y si la documentación del empleador puede sostener el trámite.
En el arraigo socioformativo se tiene en cuenta que la persona solicitante esté realizando un curso o una formación orientada directamente a incorporarse al mercado laboral. Para conceder el permiso de trabajo y residencia, se evalúa el curso y si este tiene prácticas en empresas. Requisito este último, que si bien no es imprescindible, sí es recomendable.
Para conceder un permiso de trabajo y residencia basado en el arraigo social, se valora el tiempo que el solicitante lleva residiendo en España y si tiene vínculos familiares y de integración social que respalden su solicitud.
Perspectivas de futuro.
La situación social de nuestro país, y su más que probable evolución, apuntan a que la inmigración se va a consolidar como un fenómeno habitual y que vamos a necesitar una entrada más o menos estable y sostenida de trabajadores inmigrantes en nuestro país.
Hay dos factores determinantes que influyen en ello. El primero de ellos es el envejecimiento de la población y la caída de la tasa de natalidad. No tenemos generaciones de reemplazo suficientes para cubrir los puestos de trabajo que se van a quedar vacantes con la jubilación de los trabajadores actuales y sucesivos.
Por otro lado, España ha alcanzado un nivel de desarrollo económico y social que necesita de la entrada de nueva mano de obra para mantenerlo y desarrollarlo en su conjunto.
La calidad de vida de la que gozamos hoy en día, pese a sus evidentes desigualdades, es difícil mantener sin el aporte de los trabajadores inmigrantes.
